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A BABOR FRANCISCO POMARES

Mano negra

20/nov/18 6:16 AM
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El pasado 15 de noviembre, el Consejo de Estado remitió al Gobierno de la nación una respuesta a la petición formulada por el Ejecutivo sobre el procedimiento a seguir para la reforma constitucional. La petición había sido hecha a beneficio de expediente, porque Sánchez siempre ha sabido que ni su partido ni su Gobierno están en condiciones de poner en marcha la reforma constitucional, entre otras cosas porque los aliados del Gobierno -Podemos, sus mareas y los independentistas- mantienen posiciones completamente contrarias a las del PSOE en asuntos extraordinariamente importantes: el sistema territorial, el sistema electoral, la forma de gobierno del país? No existe posibilidad alguna de alcanzar hoy un acuerdo de reforma constitucional entre el PSOE y quienes sostienen a Sánchez.

Sin embargo, el informe sobre el procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma constitucional tiene su importancia: el Consejo de Estado, organismo encargado de vigilar la legalidad de las leyes y procedimientos legales, se pronunció sobre la entrada en vigor de la suspensión del aforamiento prevista en la reforma Constitucional, con extrema claridad y contundencia: el aforamiento, considera el Consejo de Estado, debe mantenerse en aquellos casos en que se hubiera iniciado el procedimiento antes de la aprobación de la reforma. Y el procedimiento debe considerarse iniciado en el momento en que se comunica al órgano judicial, por medio de denuncia, querella, atestado, etcétera, la existencia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Para evitar confusiones, el Consejo propone introducir en la Constitución reformada una disposición transitoria que aclare cualquier duda y cuya redacción propone: "el régimen de aforamientos establecidos en la presente reforma de la Constitución se aplicará a los procesos iniciados con posterioridad a su entrada en vigor".

El Consejo de Estado deja caer un jarro de agua fría sobre quienes -incluyendo las magistradas del TSJC que votaron por la pérdida de aforamiento de Clavijo en el caso Grúas- creen que el cambio de situación de un aforado puede ser aplicada con carácter retroactivo. El presidente del TSJC, Antonio Doreste, que elaboró un voto particular calificado con desparpajo como "farragoso" por el fiscal jefe Garrido, estaba en su voto en sintonía con la posición del Consejo de Estado. El asunto no es baladí: al final, de lo que se trata es de saber si hubo o no hubo delito en la decisión del Ayuntamiento de La Laguna de conceder un préstamo en formato de adelanto sobre la fianza depositada previamente a la empresa concesionaria del servicio de grúas. Personalmente, creo que cualquier tribunal está en condiciones de contestar a esa pregunta, pero es cuando menos sospechoso que -cuando la jueza y el fiscal de La Laguna la contestaron negativamente- la Audiencia provincial de Tenerife decidiera exigir una revisión. Pero ahora sabemos que el fiscal jefe del TSJC se reunió con la fiscal general del Estado y hablaron del caso Grúas, lo ha reconocido el propio Garrido. Y sabemos también que la Fiscalía del Estado solicitó a Garrido que no aceptara el informe exculpatorio de su segundo y esperara hasta la publicación del Estatuto de Autonomía para suspender el aforamiento de Clavijo y devolver la instrucción a La Laguna. Si a eso sumamos las irregularidades, retrasos, incluso confusiones de fecha del fiscal y la insistencia en aplicar con carácter retroactivo la suspensión de aforamiento, lo razonable es sospechar que en toda este historia ha habido una mano negra. O varias.

A BABOR FRANCISCO POMARES