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A BABOR FRANCISCO POMARES

De fiscal a fiscal (y vuelta a empezar)

16/nov/18 6:16 AM
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Fernando Clavijo pidió ayer 24 horas para "digerir" la información publicada por la mañana por los medios de Prensa Ibérica, en la que se revelaba que el fiscal Garrido, jefe de la Fiscalía del TSJC, ignoró el informe realizado por su subordinado, el teniente fiscal Demetrio Pintado, en el que se asegura que en el caso Grúas no se aprecia responsabilidad penal del presidente ni indicios de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Lo cierto es que la ocultación de este informe, cuya existencia se conocía, es algo bastante asombroso: sobre todo porque la ausencia del mismo podía haber sido determinante a la hora de producirse la exculpación de Clavijo por el TSJC, exculpación que los abogados del presidente reclamaron en distintas ocasiones.

Sin embargo, el informe, que no es vinculante, pero tampoco es un borrados o un "non paper" como se ha dicho por ahí, dado que está registrado en el sistema Atlante, permaneció opaco para el alto tribunal hasta que se produjo la publicación del Estatuto de Autonomía, lo que supone la pérdida de aforamiento de Clavijo y el traslado del caso al tribunal de La Laguna. El informe no se emitió siguiendo una precisa y concreta instrucción en ese sentido de la Fiscalía del Estado, como ayer explicaba Garrido, que anda intentando el hombre quitarse de encima los focos que le señalan como protagonista de este abochornante procedimiento. Garrido asegura en la nota de prensa que difundió ayer que fue instado por la Fiscalía del Estado a suspender la tramitación de informes relacionados con la situación procesal de Clavijo, dado que la competencia del TSJC para conocer los hechos se derivaba del aforamiento de Clavijo establecido en el Estatuto "norma que de forma inminente va a ser reformada". Sorpresa: la Fiscalía del Estado paraliza un trámite a la espera de que se produzca una modificación legal.

Dos días después de producirse la publicación del Estatuto, y por tanto su entrada en vigor, la Fiscalía planteó un informe -que asegura le costó mucho tiempo- en el que propone la devolución del caso a La Laguna, por haber perdido Clavijo la condición de aforado.

Es complicado asegurar que aquí se ha paralizado el procedimiento por instrucciones de la Fiscalía del Estado. Pero si lo que ha pasado no ha sido eso, lo parece muy mucho.

Y ayer mismo, a toda velocidad también, el TSJC se reunió para responder sobre la condición o no de aforado de Clavijo, conociendo ya la existencia de un informe de hace dos meses, en el que el teniente fiscal Garrido aconsejaba el archivo del caso. Aún así, la Sala decidía no incorporar ese informe a su análisis y posterior decisión, y aprobaba por dos votos a favor y con el voto particular en contra del presidente del TSJC, desaforar a Clavijo y devolver el caso al juzgado de La Laguna. El mismo juzgado que primero sobreseyó el caso y luego -a reclamación de la Audiencia Provincial presidida por el juez Astor Landete- inició una revisión en la que tanto el fiscal como la jueza que habían solicitado el sobreseimiento optaron por plantear indicios de delitos de prevaricación y malversación.

Esta historia del aforado de ida y vuelta es un escándalo. Uno más de los escándalos conventuales que sacuden la justicia canaria desde hace años. Una raya más para el traje de tigre de la muy politizada justicia española. Si jueces y fiscales pueden pasarse los derechos de un presidente del Gobierno por el arco de triunfo, me pregunto qué no podría ocurrirle a un desamparado ciudadano corriente y moliente.

A BABOR FRANCISCO POMARES