Santa Cruz de Tenerife
A BABOR FRANCISCO POMARES

Van dos...

28/jun/17 6:02 AM
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Un Juzgado de Instrucción de La Laguna ha archivado la denuncia de Unid@s se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias contra José Alberto Díaz y Fernando Clavijo por el "caso grúas", una supuesta trama de prevaricación administrativa que la jueza que instruye la demanda ha considerado insustancial y sin indicio alguno de delito.

La historia -que alcanzó un extraordinario eco y fue portada varios días en el Diario de Avisos durante los días álgidos en la guerra desatada entre el rotativo y el Gobierno Clavijo, se refiere a presuntas irregularidades en tres decretos de la Alcaldía de La Laguna relativos a la concesión del servicio, a los conflictos con el primer concesionario y a supuestos retrasos en los pagos que debía hacerle el Ayuntamiento al concesionario y presiones sobre él para que vendiesen su negocio a unos amiguetes de Clavijo.

La sentencia de archivo es bastante contundente, y la jueza despanzurra literalmente la parte que le toca de esta demanda, asegurando que no se sostiene. Y van dos, porque la cuestión es que hace poco más de una semana se archivó también otra denuncia del mismo tipo, presentada esta sólo por Unid@s se Puede, en la que se acusaba al alcalde José Alberto Díaz y a otros dirigentes políticos regionales -de Coalición y el PSOE- de haberse lucrado por su participación en un entramado empresarial vinculado a una empresa -Técnicas Competitivas- en la que participa el hermano del actual alcalde. También este caso -que surgió coincidiendo con la decisión de la Agrupación lagunera del PSOE de mantener su apoyo al gobierno municipal- tuvo cierta proyección regional y nacional, aunque luego quedó en agua de borrajas...

Es cierto que la oposición -como ha recordado Rubens Ascanio, portavoz del grupo denunciante- tiene perfecto derecho a presentar ante los tribunales todas aquellas irregularidades que considere conveniente denunciar. Pero con dos sentencias de archivo ya dictadas, quizá Ascanio debería pedir disculpas a los que ha acusado. Porque el recurso a la Justicia debe estar sometido al sentido común, a la existencia de indicios de causa suficiente, al deseo de esclarecer dudas o comportamientos, no al de dañar la imagen pública y personal de los denunciados, con la colaboración interesada o no de los medios. La judicialización permanente de la política ha confundido el concepto que en este país se tiene de la corrupción, haciendo que paguen en el tribunal de la opinión pública el mismo precio quienes han cometido un error administrativo sin trascendencia para el interés general (o ni siquiera lo han cometido, sólo han sido denunciados por ello) que quienes se lo llevan crudo para su casa. Desprestigiar porque sí conduce al desprestigio de todos, y además sirve para generalizar la idea de que no hay nadie decente que se dedique a lo público, que el único interés que se persigue cuando uno es concejal, alcalde, diputado o ministro es meter la mano en la lata del gofio, colocar a los amigos o hacer favores para rentabilizarlos luego. Al final el calificativo de corrupto lo cubre todo, la sospecha recurrente envenena a la ciudadanía, el escándalo se devora a sí mismo y el contacto con la porquería (real o ficticia) acaba por "vacunarnos" ante la corrupción, a hacernos tolerantes frente a ella, al permitir que políticos y entramados corruptos sigan contando con apoyos importantes -incluso mayoritarios- de una ciudadanía inmunizada.