Santa Cruz de Tenerife
A BABOR FRANCISCO POMARES

Primadonna Garcinuño

27/jun/17 6:09 AM
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En noviembre de 2014 se convirtió en firme la sentencia que obliga al derribo del mamotreto de Las Teresitas. Desde entonces, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y su alcalde José Bermúdez, han hecho todo lo posible por retrasar la decisión para intentar buscarle cinco patas al gato del derribo y evitar perder los ocho millones que costó construir el mamotreto, más el medio millón que cuesta demolerlo. A pesar de que en casos parecidos -la biblioteca provincial de Las Palmas, por ejemplo- se ha logrado encontrar la forma de hacer prevalecer el interés general, en Santa Cruz de Tenerife no ha sido posible encontrar una fórmula para evitar el derribo, y hay que ejecutar sí o sí la sentencia -a mi personal juicio y parecer- más absurda de la reciente historia municipal de Canarias. Una sentencia contaminada en su desarrollo por el macroproceso de Las Teresitas, una sentencia que nunca debió de entrar en la jurisdicción penal -pues de un caso de conflicto entre administraciones se trataba- y que ha llevado a prisión a varias personas que no se han metido un duro en el bolsillo, porque el edificio -municipal- invadió el espacio de otra administración. Unas sentencia que ordena tirar un edificio que habrá de levantarse después, en el mismo sitio, y con las mismas funciones.

Al final, después de sacar el pertinente concurso, el Ayuntamiento aprobó ayer la adjudicación de la obra del derribo. Votaron a favor todos los miembros de la junta, tanto del PP como de Coalición, con la excepción del concejal de urbanismo, Carlos Garcinuño Zurita, por entender que en la adjudicación se han tenido en cuenta -entre otros asuntos no discutibles- la propuesta de asfaltado de la zona a derribar, que Garcinuño entiende (no hay informe aún al respecto) que no procede ser asfaltada. El asfaltado es un procedimiento que permite una mejor presentación y entrega del solar que quedará tras el derribo del edificio, pero que -en cualquier caso- en la ejecución de la obra podría ser sustituido por una cobertura de arena o picón o cualquier otra opción, si es necesario.

Lo que no puede permitirse es que este asunto del derribo siga 'sine die' gravitando sobre el Ayuntamiento, hasta la posibilidad de que las sucesivas largas municipales lleguen a ser consideradas desacato y tengamos otro nuevo procedimiento judicial enturbiando la voluntad municipal de superar el bochorno que supone este asunto del mamotreto. Porque las sentencias hay que cumplirlas. Pueden recurrirse, agotarse el procedimiento, criticarlas e incluso decir que son un disparate. Pero al final, cuando se convierten en firmes hay que cumplirlas. Para quienes desde el día uno de este caso calificamos la petición de derribo de un completo absurdo -más aún que el asunto acabara en la jurisdicción penal y con graves penas de privación de libertad para concejales y funcionarios-, la posición de Garcinuño sigue en la senda de alguien que ha tenido en estos años comportamientos de auténtica 'primadonna': Garcinuño se comporta como un radical instalado siempre en sus certezas, capaz de oponerse incluso a su propio grupo municipal, cuando cree que tiene razón en algo. Le da igual que el resultado de sus decisiones provoque más daño que bien. En este caso, se ha equivocado de medio a medio. Lo que hay que hacer con el mamotreto es cumplir la sentencia ya. Y empezar a ocuparse de mejorar Las Teresitas, que lleva cuarenta años a la espera de que nuestros políticos dejen de tirarse arena a la cara y hagan algo de una vez.