Sucesos
FRAUDE

Desmantelan una organización acusada de defraudar 40 millones por no tributar el IVA

San Sebastián, EFE
10/ene/18 17:49 PM
eldia.es

Una organización integrada por al menos once personas y a la que se atribuye un fraude de 40 millones de euros a la hacienda de Gipuzkoa y a la Agencia Tributaria ha sido desmantelada por la Ertzaintza en colaboración con los Mossos D'Esquadra y la Guardia Civil.

Este grupo, que tenía su base de operaciones en Irún (Gipuzkoa), se dedicaba a ejercer como intermediario en la venta al por mayor de carburantes, operaciones de las que no tributaba el IVA.

La Ertzaintza ha informado, en un comunicado, de que son once las personas investigadas en esta trama, cuyo cabecilla fue arrestado y ha sido ingresado en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de San Sebastián, que se encarga del caso.

La investigación comenzó a principios de julio a raíz de una denuncia presentada por la Hacienda Foral de Gipuzkoa, dos de cuyos técnicos han colaborado directamente en las pesquisas con los ertzainas de la sección de delitos económicos y los de investigación criminal de este territorio.

El Departamento vasco de Seguridad ha explicado que el delito consistía en "no ingresar el IVA derivado de la intermediación en la venta de carburantes" que realizaba este grupo entre empresas petrolíferas y gasolineras ubicadas en el sur de España y en la zona de Levante.

Las gasolineras, en cambio, sí deducían legalmente las cantidades del IVA que, sin embargo, este grupo criminal no había ingresado.

Este fraude permitía a la organización ofrecer a las estaciones de servicio precios inferiores a los de mercado, "lo que provocaba un grave perjuicio a los competidores que sí cumplían sus obligaciones fiscales".

La trama constituyó una empresa a finales de 2015, que operó de manera ilegal durante 2016, mientras que continuó la actividad en 2017 a través de una segunda entidad comercial.

En ambos casos, la titularidad de las compañías se ocultaba a través de varios testaferros, que figuran entre los implicados.

Durante este tiempo el grupo ha contado con una sede en un bloque de oficinas de un polígono industrial de Irun, en locales de su propiedad, y en unas dependencias alquiladas en Madrid.

La organización realizaba compras de carburante casi a diario por valor de decenas de miles de euros, aunque no llegaba a recibir el producto y se limitaba a gestionar su distribución en los puntos de venta finales.

Una parte del grupo ejercía tareas de dirección, con el líder encarcelado al frente, mientras que otros integrantes se dedicaban a la gestión administrativa, incluyendo actividades de blanqueo de capitales, según detalla la Policía vasca. Otros llevaban a cabo funciones comerciales para cerrar operaciones con los minoristas, mientras que, por último, los testaferros se encargaban de ofrecer opacidad a las actividades de esta trama.

La Ertzaintza calcula que durante estos dos años el fraude ha alcanzado los 40 millones de euros, de los que 23 corresponderían a la Hacienda foral guipuzcoana y los otros 17 debían haberse ingresado en la Hacienda estatal.

La investigación culminó la semana pasada con una operación policial que permitió localizar a 11 personas sospechosas de formar parte del grupo.

Dos de ellas fueron detenidas en Irun, tres en Vielha (Lleida), tres en Madrid, una en Ciudad Real y otra en Córdoba. Una última persona fue localizada en Madrid, donde se le informó de su situación de investigada.

La Ertzaintza, los Mossos y la Guardia Civil efectuaron un total de 14 registros en cuatro inmuebles de Irun, cinco de Madrid, dos en Ciudad Real, dos en Córdoba y uno en Lleida, en los que, además de documentación, ordenadores, teléfonos y archivos informáticos, se intervinieron 91.000 euros en metálico, joyas y ocho vehículos de alta gama, varios de ellos valorados en 100.000 euros.

Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de San Sebastián, el principal implicado ingresó en prisión y el resto quedó en libertad con medidas cautelares. Los once tienen la obligación de depositar una fianza solidaria de 40 millones de euros.

Además, el juzgado decretó embargo de cuentas bancarias y otros activos financieros, así como de varios inmuebles.

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