Santa Cruz de Tenerife

El nuevo PGO acotará las casas de juego para prevenir ludopatías

La Gerencia de Urbanismo estudiará ampliar a más de 300 metros, como se fija ahora, la distancia entre los centros escolares, institutos y edificios públicos y este tipo de locales.
El Día, S/C de Tenerife
1/dic/18 6:38 AM
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El nuevo PGO acotará las casas de juego para prevenir ludopatías

El nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de la capital tinerfeña pondrá coto a los locales de juego en la capital con el objeto de luchar contra la ludopatía en la población menor de edad.

Una moción aprobada ayer por unanimidad recoge, entre otros puntos, que la Gerencia de Urbanismo analice la ubicación exacta de los centros escolares, institutos, centros juveniles y edificios públicos con alto tránsito de menores -existentes o en fase de planeamiento- para que, tal y como regula el Gobierno de Canarias, "no existan menos de 300 metros entre bingos, casinos y locales de apuestas de dichos centros".

Además, la propuesta, que había presentado la concejal de Ciudadanos Evelyn Alonso, pero que fue modificada con una transaccional introducida por el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, insta a la Gerencia a que analice la ampliación de esa distancia dentro del nuevo marco del PGO.

Alonso recordó que, según el "Estudio y análisis de los factores de riesgo del trastorno de juego en población clínica española de 2017", la media de edad de inicio en el juego en España es a los 21 años, aunque un 36% de los encuestados señalan que se han iniciado en el juego antes de los 18 años.

Junto a los acuerdos citados, la moción propone instar al Gobierno canario a desarrollar campañas de concienciación para los progenitores y los menores de edad sobre los riesgos que entraña el juego; colaborar junto al resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la inspección del funcionamiento de estas casas de juego y apuestas; y emplazar al Gobierno del Estado a la elaboración de un decreto para regular la publicidad de los juegos de azar y las apuestas, para que esta publicidad no se difunda en horarios infantiles.

Por otro lado, el Pleno aprobó un convenio entre el Cabildo de Tenerife y el ayuntamiento para mejorar los accesos a las playas de Benijo y Almáciga, en Anaga. La inversión en ambas obras superará los 463.000 euros.

La nota discordante en este punto la puso el portavoz de Sí se Puede, Pedro Fernández Arcila, quien advirtió de que existía un informe de los Servicios Jurídicos municipales "desfavorable" en relación con la obra de Almáciga, al ocupar, en su mayor parte, suelo del deslinde marítimo-terrestre.

Es más, Arcila solicitó que el asunto quedara sobre la mesa hasta que se conociera un nuevo informe jurídico solicitado, en este caso, por el interventor.

El alcalde, sin embargo, rechazó esta propuesta y dijo que no se va a esperar más. "Si no lo hacemos nosotros, Costas no lo va a hacer, porque solo interviene a golpe de temporal", sentenció.

La salida de la Refinería de su actual ubicación fue otro de los asuntos con bastante debate en la sesión de ayer. El PSOE dio a conocer el informe jurídico con el que apuntalará su demanda en el recurso en el contencioso-administrativo presentado contra el "convenio" suscrito por el alcalde, José Manuel Bermúdez, con Cepsa.

Y sobre la terminología giraron gran parte de las intervenciones. El portavoz socialista, José Ángel Martín, insistió en que se trataba de un convenio sin debate previo y sin ningún documento que lo avalara. Sin embargo, incluso sus compañeros de la oposición expusieron sus dudas sobre su afirmación. "No es un convenio urbanístico"; "es una cortina de humo"; o "es una declaración de intenciones" fueron algunos de los argumentos.

Desde el grupo de gobierno, Carlos Tarife (Urbanismo) y José Alberto Díaz Estébanez (Infraestructuras y portavoz de CC) replicaron a Martín que se trata de un expediente que se desarrollará en el PGO y remarcaron que este acuerdo "histórico" era una vieja aspiración de Santa Cruz. La puntilla la puso el alcalde: "Lo que firmamos es la primera vez que Cepsa lo hace por escrito. Es una declaración de intenciones histórica".

También pidió "altura de miras" y apeló al "consenso" para articular y materializar en el tiempo el acuerdo de colaboración suscrito para el desmantelamiento de la refinería y el rescate para uso ciudadano de los 573.000 metros cuadrados que en la actualidad albergan esta actividad industrial.

Fue uno de los debates más intensos, no tuvo como protagonista a los concejales, y, posiblemente, no se quede en lo pronunciado en el salón de plenos. La presidenta de la Asociación Rastro Santa Cruz, Carmen Tejera, aseguró ayer que existen "cuatro familias" que alquilan puestos del rastro de la capital por "300 o 400 euros", con lo que pueden ganarse "hasta 1.000 euros" sin trabajar. Además, añadió, "meten a comercios que nos hacen la competencia".

Lo hizo en el transcurso de una moción presentada por Sí se Puede, en la que esta formación se hacía eco de una propuesta de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Canarias (Avanca), que solicitaba la apertura del Rastro el 4 de enero, y no el 6 de diciembre, como compensación por el cierre el día del maratón, el 11 de noviembre.

Tejera sostuvo que "siempre han tenido las puertas del ayuntamiento abiertas", y defendió la elección del día 6 "porque ese día no abren las tiendas ni el Mercado". "Esa gente viene al Rastro a comprar porque no hay competencia", subrayó.

Antes que ella, y en línea con la moción de SsP, había intervenido Josefa Santiago, presidenta de la asociación de Mujeres Gitanas Romí Kamela Naker, para defender la "dignidad" del trabajo en el Rastro y la apertura el día 4 de enero. "El Rastro depende de ese día", dijo.

También pidió al alcalde que "mimara" más al Rastro y a la gente que depende de él, y remarcó que hay muchas familias que viven de esta actividad.

El argumento político, esta vez en contra, lo ofreció el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, quien lamentó que la propuesta de Avanca no llegara a través del registro "sino por la puerta de atrás", a través de una moción. "Así no se hacen las cosas. Es una instrumentalización política de este tema", se quejó.

En esta línea, apuntó que "si todos remáramos en la misma dirección" conseguiríamos que el día 6 fuera atractivo, y rechazó la apertura el día 4 de enero -un viernes- por los problemas, entre otros asuntos, de tráfico, que provocaría.

otros asuntos

Distinciones. El Pleno aprobó ayer dar el nombre de Luis Hormiga "Suspi" a la sala Polivalente de la Casa del Carnaval. Además, el poeta Domingo López Torres dará nombre a la plaza de Los Gladiolos, y Pepe Santamaría a la plaza de la calle Columbrete.

Adhesión. El Pleno aprobó ayer la adhesión de la capital a la conocida como Declaración de Sevilla, sobre la Economía Circular.

Tranvía. CC y PP rechazaron una moción de Sí se Puede para apoyar a los trabajadores del tranvía. "El ayuntamiento no puede condicionar los acuerdos que se tomen en el Consejo de Administración", justificó Dámaso Arteaga.

"Sin Identidad". Tras un debate poco constructivo, el alcalde terció para que una moción del PSOE sobre los niños robados quedara sobre la mesa y se intentara consensuar para el próximo pleno. El colectivo "Sin Identidad" aceptó la idea.

Personas Trans. Con transaccional se aprobó una moción del PSOE sobre el nombre sentido de las personas trans. "Se introducirá paulatinamente en los formularios", avanzó el concejal de Hacienda.

Líneas de guaguas. Dámaso Arteaga, edil de Servicios Públicos, aseguró que Titsa estudia fórmulas para resolver las quejas sobre la ampliación de horarios en rutas de Anaga y el Suroeste.

Vertido. Arteaga defendió que el vertido de La Hondura del día 15 de noviembre se debió a las fuertes lluvias caídas y a la poca demanda de agua para regar. El caudalímetro de la calle Zipi Zape registró 437 litros por segundo.

Transparencia. Rechazo de CC y PP a una moción de SsP que exigía más rapidez en las respuestas a la oposición, motivo por el cual el Comisionado de Transparencia ha apercibido al grupo de gobierno. "Hay una instrucción del alcalde para actualizar datos", dijo el edil Díaz-Estébanez.

Vivienda protegida. CC y PP rechazaron una moción de SsP e IUC para aumentar hasta el 40% la reserva de suelo para VPO. No aceptaron una transaccional.