Santa Cruz de Tenerife

Garcinuño duda de que ILT deba pagar 102 millones por Las Teresitas

El edil de Urbanismo, Carlos Garcinuño, critica que el PSOE "dejara morir durante un año" la tramitación del expediente sobre el convenio urbanístico con la Junta de Compensación.
O. G., S/C de Tenerife
17/mar/17 5:52 AM
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El concejal de Urbanismo de Santa Cruz, Carlos Garcinuño./M. EXPÓSITO

El concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, puso en duda ayer el cálculo realizado por el PSOE, que cifra en 102 millones "y subiendo" la cantidad que tendría que abonar Inversiones Las Teresitas (ILT) para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo del año 2007, que anuló la compraventa de una parcelas del frente de playa, que podrían haber sido siempre propiedad municipal.

En un comparecencia en la comisión de control, precisamente a petición del grupo socialista, Garcinuño se preguntó por qué el anterior edil del área, el socialista José Ángel Martín, el mismo que denunció el caso esta semana, "dejó morir" durante un año el expediente sobre el convenio urbanístico suscrito entre el consistorio y la Junta de Compensación y sostuvo que lo que trata de hacer ahora la Gerencia de Urbanismo es darle "legitimidad" y "seguridad jurídica".

"Que se haya producido la caducidad ahora no significa que no haya que reiniciar el expediente", sostuvo el edil de Urbanismo. "El reinicio lo haremos exactamente igual que la caducidad: cuando lo digan los servicios jurídicos tanto de la Gerencia como del ayuntamiento", remarcó.

El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, aseguró este miércoles que el ayuntamiento tiene argumentos jurídicos para reiniciar el expediente de Las Teresitas, aunque haya caducado.

Elena Mateo, ayer portavoz del PSOE en la comisión de control, recalcó que según la norma que afecta al expediente "la caducidad no tiene por qué ser aplicable" en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general. "Y la recuperación de este dinero lo afecta", subrayó Mateo, quien sostuvo que "no podemos ceder" ante las intenciones de ILT.

Cabe precisar que la empresa recurrió el pasado febrero en la vía contencioso-administrativo para que se declare nulo el expediente que anuló el convenio de 1986.

Mientras, Ramón Trujillo (IUC) y Pedro Fernández Arcila (SSP) se preguntaron por la posible prescripción del asunto y si la caducidad del expediente puede afectar a los procedimientos civil y penal relacionados con este asunto. "Yo investigaría qué pasó ahí", recalcó el edil de SSP.

Al respecto, el también edil del grupo de gobierno, José Alberto Díaz Estébanez, recalcó que la caducidad del expediente declarada ahora no tiene por qué tener incidencia ni en los citados procedimientos ni en la reclamación de cantidades.

Otro de los asuntos que generó debate en la sesión de ayer tuvo como protagonista a Emmasa. El edil de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, que compareció a petición de Ciudadanos, descartó una vez más la posibilidad de remunicipalizar la empresa, y calculó en 40 millones la indemnización que tendría que pagar el consistorio a Sacyr si resolviera el contrato de Emmasa.

El edil informó que la comisión de seguimiento que se creó tras finalizar la intervención de la compañía se ha reunido "en siete ocasiones", cuestión que criticó la oposición por no haber sido informada de ello, sin que, por el momento, se hayan emitido informes.

Los trabajos, detalló el concejal, han estado centrados en las subcontrataciones y el cumplimiento del grado de inversión. Por la "complejidad" de la materia se ha ampliado el plazo de estudio.

Al respecto, y cuestionado por los portavoces de IUC, SSP, Ciudadanos y PSOE, Arteaga aseguró que se ha "profundizado" en todas las subcontrataciones, vigentes o finalizadas, y se han analizado los contenidos del pliego.

Respecto a los expedientes sancionadores que se culminen, sostuvo que se propondrá la sanción que corresponda "en virtud de los informes técnicos".

Cánones de los párquines muy baratos

El concejal de Izquierda Unida, Ramón Trujillo, criticó ayer que el ayuntamiento no ha utilizado "todo el margen de juego" que tiene para cobrar un canon mayor a determinados párquines de la ciudad. Ayer se refería al de la plaza de España, que paga un canon anual de algo más de 7.000 euros. "En ocho horas paga lo que cuesta una plaza al año, 14 euros", denunció Trujillo. "Es una corrupción legalizada". El edil de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, reconoció que las concesiones antiguas "son un problema", pero precisó que no se han detectado incumplimientos de la concesión. Es más, avanzó que se ha rechazado, de momento, una propuesta de la empresa que lo gestiona para ampliarla.

Centro ciudadano de El Tablero

Las concejales del distrito Suroeste, Gladis de León, y Participación Ciudadana, Marisa Zamora, respectivamente, avanzaron que la solución al conflicto del local vecinal de El Tablero podría resolverse en breve. Propondrán que la activad "Aprender no tiene edad" se traslade al centro de mayores o al salón parroquial. En el fondo del debate, la necesidad de modificar el reglamento de Participación Ciudadana.