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MANUAL DE OBJECIONES JORGE BETHENCOURT

Un caso de doble moral

22/ene/19 6:21 AM
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¿Quieren descubrir lo que es la doble moral o la aplicación de la famosa ley del fonil? Sigan conmigo la evolución de dos expedientes en dos cabildos donde gobiernan nacionalistas en un pacto con el PSOE de Canarias. El primero aquí, en Tenerife, en Cabo Llanos. El expediente versa sobre la compra de un edificio para destinarlo a centro sociosanitario para albergar a mayores dependientes. La Corporación insular inicia los trámites, pasa por todos los informes técnicos y acaba con la decisión de compra. Entonces los socialistas, que cogobiernan, descubren -nunca es tarde si la dicha es buena- que el propietario del edificio es una empresa que pertenece a la familia de un empresario, Antonio Plasencia, condenado en dos procesos penales. Eso produce que se pronuncien públicamente contra la compra del edificio.

El segundo expediente es en el Cabildo de Gran Canaria. Se trata de la compra de unos terrenos para reforestación. El expediente se inicia sobre la propuesta de unos propietarios, varios de ellos familia del dirigente de Nueva Canarias Román Rodríguez. La decisión de compra va a un pleno extraordinario y urgente que se celebra en diciembre, donde se aprueba. La noticia llega a los medios de comunicación que denuncian la anomalía de que Antonio Morales impulse la compra de unos bienes de la familia del líder de su partido. Aparece un informe técnico elaborado, según La Provincia, dieciocho días después de que se adoptara la decisión de comprar a 0,87 euros el metro cuadrado frente al precio de 0,50 que es el baremo establecido por el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Se piden explicaciones. Y los socialistas, que cogobiernan con Nueva Canarias, dicen por boca de su secretario general que no sabían que los terrenos eran de la familia del líder de Nueva Canarias, pero que el expediente, por lo que han visto, "es correcto y tiene informes favorables".

Estamos ante dos expedientes que cuentan con "informes favorables" de los técnicos y que han sido aprobados por los órganos de gobierno. Y los dos parecen legalmente impecables. Pero hay un mismo partido que sostiene una cosa en un sitio y la contraria en el otro. He aquí la famosa ley del embudo, que utiliza la parte más pequeña o más grande para hacer un reproche moral en función de su conveniencia en cada lugar.

Cabe pensar, a la vista de lo visto, que si a Carlos Alonso se le hubiera ocurrido comprar un suelo de la familia de Clavijo en algún lugar de esta isla le habrían colgado por las patas de la torre del Cabildo. La disímil postura de los socialistas canarios tiene la apariencia de tener mucho que ver con la incómoda situación de su secretario general, Ángel Víctor Torres, vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria. Pero se compadece muy poco con la más elemental credibilidad que asuntos con mimbres tan similares tengan un juicio político tan diferente según las conveniencias de cada uno. Y a tragar.

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