Santa Cruz de Tenerife

Denuncian la falta de formación a los vigilantes de Valle Tabares

Los sindicatos acusan a la empresa que presta el servicio en los centros de menores de carecer del obligado plan formativo El CSIF lleva los hechos ante la Policía Nacional.
El Día, S/C de Tenerife
6/ene/18 6:27 AM
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Centro de internamiento de menores bajo medidas judiciales de Valle Tabares, en La Laguna./El Día

El motín protagonizado el 28 de diciembre por internos del centro de menores con medidas judiciales de Valle Tabares -que provocó cuatro heridos, uno de los cuales hubo de ser hospitalizado- ha redoblado las denuncias sindicales sobre las condiciones en que se presta el servicio de seguridad en el recinto. El sindicato CSIF ha denunciado ante la Unidad de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) los "incumplimientos" que, a su juicio, ha cometido la nueva empresa encargada de la seguridad, entre ellas la falta de formación que, según el pliego de contratación, deben recibir los vigilantes.

La organización sindical indica que ha puesto la situación en conocimiento de la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno canario, a la que el centro está adscrito, sin que por el momento sus advertencias hayan tenido efecto. CSIF apunta que la empresa -Alcor Seguridad- no ha respetado la obligación de subrogar al personal que trabajaba para la anterior adjudicataria y ha prescindido de 20 trabajadores, que han sido sustituidos por otros que tienen peores condiciones laborales y no cuentan con la formación precisa, sin que la entidad se la haya proporcionado en los cuatro meses transcurridos desde que accedió al servicio.

"Va a haber otro motín, seguro", pronostica Gustavo Villalobos, responsable autonómico de Seguridad Privada del CSIF. El representante sindical alerta de que, si no se ofrece "la formación apropiada" a los vigilantes, las consecuencias de unos hipotéticos incidentes pueden ser más graves.

En el documento entregado al CNP, el sindicato detalla que desde que se produjo el relevo al frente de la seguridad en los centros de menores con medidas judiciales (Valle Tabares, en Tenerife, y La Montañeta, en Gran Canaria) ha solicitado a la empresa de plan de formación de los vigilantes de seguridad y le ha advertido de que se incumplen los pliegos. La respuesta de la entidad es que en la actualidad presta el servicio con un contrato menor y que hasta que no se firme la adjudicación definitiva no se impartirán los cursos, relata Villalobos.

También USO -sindicato que, junto al mayoritario CSIF, tiene presencia en el comité de empresa de Valle Tabares- ha recordado que ha advertido a la Consejería de Políticas Sociales de que la empresa no reúne algunos de los requisitos contemplados en el contrato. "Estos incumplimientos están afectando a la seguridad del centro", sostiene la organización a través de un comunicado.

Ambos sindicatos denuncian que los vigilantes de seguridad del recinto superan el máximo de horas de trabajo mensuales que recoge el convenio del sector -162- y que en ocasiones no se respeta el periodo de descanso entre jornada y jornada.

Alcor Seguridad presta el servicio de seguridad en los centros de menores con medidas judiciales de la Comunidad Autónoma después de que se rescindiera el convenio que el Gobierno mantenía con Seguridad Integral Canaria (SIC), la empresa de Miguel Ángel Ramírez, inmersa en una situación de conflictividad laboral y de impagos a sus empleados. Sin embargo, el convenio con la nueva entidad no se suscribió hasta el 1 de noviembre.

El viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno canario, Francisco Candil, advirtió ayer de que si la nueva empresa que presta el servicio de seguridad en los centros de menores se aparta de lo establecido en el pliego del contrato, la Administración será "implacable". "Si empezamos a detectar que ha habido incumplimientos, vamos a actuar", afirmó Candil en declaraciones a este periódico.

La firma del convenio con Alcor Seguridad se produjo en noviembre, aunque la empresa comenzó a prestar el servicio "inmediatamente" después de que dejara de hacerlo Seguridad Integral Canaria, la anterior adjudicataria. Según el viceconsejero, con la suscripción del acuerdo se inicia el periodo en el que la Consejería está en condiciones de exigirle a la empresa que se ajusta a lo recogido en el contrato. Cuando pasen las fechas navideñas, la Administración está dispuesta a "apretar un poco más" para cerciorarse de que la entidad cumple con las condiciones laborales y de formación.

"Solo ha transcurrido un mes, pero entendemos que hasta ahora han cumplido", señaló Candil, quien, sin embargo, admitió que no tiene información que garantice que Alcor Seguridad dispone del preceptivo plan de formación.

A juicio del viceconsejero de Políticas Sociales del Ejecutivo regional, el motín protagonizado el 28 de diciembre por algunos de los internos se resolvió "adecuadamente", pero "seguro que de esto podemos aprender y mejorar", apostilló.