Santa Cruz de Tenerife
REF

Europa aumenta los límites de ayudas a que pueden acogerse las empresas canarias

Santa Cruz de Tenerife, Europa Press
17/may/17 17:10 PM
eldia.es

Tanto Fernando Clavijo como el consejero de Economía, Pedro Ortega (d), destacan la importancia de este cambio normativo de la Comisión Europea./Elvira Urquijo A. (EFE)

El Gobierno de Canarias ha conseguido que la Comisión Europea incluya en la modificación recién aprobada del nuevo Reglamento General de Exención por Categorías un aumento de los límites máximos permitidos de acumulación de ayudas que se aplican a las empresas canarias que se acojan a los incentivos fiscales del REF.

Según informa el Ejecutivo en una nota, la Comisión Europea ha aprobado este miércoles nuevas normas sobre ayudas estatales que excluyen del escrutinio previo de la Comisión determinadas medidas de ayuda pública destinadas a los puertos y aeropuertos, la cultura y las regiones ultraperiféricas.

El objetivo perseguido es facilitar la inversión pública en favor de la creación de empleo y el crecimiento, protegiendo al mismo tiempo la competencia.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado "la enorme importancia de este acuerdo, que favorece a las empresas del archipiélago", y el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, ha expresado la satisfacción porque "tras más de un año de negociaciones con la Comisión Europea, se ha alcanzado una solución que permitirá aplicar en su plenitud los incentivos del REF".

Al respecto, la comisaria Margrethe Vestager, responsable de la Política de Competencia, ha declarado que se quiere garantizar que las empresas puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado único y con la mayor eficiencia posible.

"Las normas sobre ayudas estatales de la UE son las mismas para todos los Estados miembros. Los cambios aprobados hoy ahorrarán a estos últimos tiempo y problemas a la hora de invertir en los puertos y aeropuertos, la cultura y las regiones ultraperiféricas de la UE, protegiendo al mismo tiempo la competencia. Permitirán asimismo a la Comisión centrar su atención en aquellas medidas de ayuda estatal con mayor impacto sobre la competencia dentro del mercado único, "concediendo a cada cosa la importancia que merece realmente en beneficio de los ciudadanos europeos en su conjunto", ha señalado.

La Comisión ha simplificado el procedimiento de compensación a las empresas por los costes adicionales en los que incurren cuando operan en las regiones ultraperiféricas de la UE, habida cuenta de los retos específicos a los que se enfrentan, como por ejemplo su lejanía y su dependencia de la comercialización de un número de productos limitado.

REDUCIR CARGAS ADMINISTRATIVAS

La iniciativa tiene por objeto, además, reducir las cargas administrativas y facilitar en mayor medida la inversión pública en apoyo de los objetivos comunes en materia de empleo y crecimiento, clima, innovación y cohesión social.

Hasta ahora, la suma de ayudas derivadas del Arbitrio Sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), la bonificación por producción por bienes corporales, las ayudas al transporte de mercancías industriales, las ayudas de funcionamiento de la RIC y la DIC, y de la Zona Especial Canaria (ZEC), no podían sobrepasar el límite del 17,5% del volumen de negocios anual del beneficiario obtenido en Canarias cuando se trataba de una entidad perteneciente al sector industrial, o del 10% de dicho volumen de negocios, cuando la empresa correspondía a cualquier otro sector.

La modificación del Reglamento General de Exención por Categorías que se acaba de aprobar aumenta dicho límite hasta el 30% del volumen de negocios anual del beneficiario obtenido en Canarias para todos los sectores, y se aplica retroactivamente a partir del 1 de enero de 2015.

En ese sentido, se recogen con ello las principales reivindicaciones y propuestas que se han planteado por el Gobierno de Canarias a lo largo de todo el proceso de consulta pública lanzado por la Comisión Europea desde marzo de 2016 para la revisión del Reglamento de Exención.

A lo largo de más de un año se han sucedido además las reuniones bilaterales de trabajo a distintos niveles, como la que encabezó el propio Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, con el Director General Adjunto de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, Gert-Jan Koopman, que tuvo lugar en Bruselas en octubre del pasado año.

En esta reunión, Pedro Ortega destacó la importancia de los incentivos fiscales para las RUP, como instrumento para compensar las limitaciones permanentes que afectan a las empresas canarias y con el objetivo de que puedan competir en condiciones similares a las del continente.

Asimismo, defendió, en relación al nuevo criterio que se propone de bonificación en función de la distancia de la capital del Estado miembro de pertenencia, "que se tengan en cuenta otros parámetros ya que los sobrecostes no se generan únicamente por la distancia, sino que también existen otros, directamente ligados a la fragmentación del territorio o al nivel de desarrollo de la región en comparación con el continente, que se deben tener en cuenta".

MODIFICACIÓN DE LA LEY

Sobre la aprobación por parte de la Comisión Europea de este acuerdo que beneficia a los empresarios de las Regiones Ultraperiféricas, en especial a los industriales, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado la tarea que está desarrollando el Ejecutivo autonómico para conseguir los máximos beneficios en la aplicación del Régimen Económico y Fiscal de Las Islas.

Los límites de acumulación de ayudas, que vienen recogidos, a nivel nacional en el Real Decreto-Ley 15/2014 y el Real Decreto 1022/2015, y la necesidad de controlar el respeto de los mismos conlleva, desde el año pasado, la obligación para las empresas que se acogen a los incentivos fiscales del REF de presentar ante el Ministerio de Hacienda una declaración informativa anual de ayudas recibidas.

Esta modificación de los límites impuestos por el Reglamento comunitario exige, pues, la consecuente modificación de la legislación nacional, que deberá producirse este mismo año.