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A BABOR FRANCISCO POMARES

Por una instrucción

17/nov/18 6:18 AM
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Toda esta historia del caso Grúas empieza y acaba en un lugar muy concreto: un despacho de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El caso arranca con una denuncia de la oposición política lagunera, por un asunto en el que lo que se discute es un crédito de 120.000 euros que el ayuntamiento concede a una empresa municipal, en formato de adelanto, y que fue recuperado en tiempo y forma y con intereses, sin causar ningún tipo de quebranto patrimonial. Un asunto administrativo, de escasa entidad judicial y política, que fue convertido por la oposición política lagunera en una causa penal archivada, con informe favorable del fiscal, por la jueza de instrucción de La Laguna. Pero resulta que uno de los implicados en el caso es el que fuera alcalde de Aguere, presidente del Gobierno de Canarias y candidato electoral del partido que hoy gobierna esta región.

Es la participación de Clavijo la que convierte instantáneamente el caso en un asunto de caza mayor. De esos que algunos jueces utilizan como oportunidad mediática. El archivo de la causa es contestado por la Audiencia Provincial, que exige se practiquen nuevas diligencias. Una intervención extraña e inusual, que raramente se produce, y que supone el regreso de la causa al juzgado lagunero. Ahora, sin aportación de pruebas nuevas, la fiscalía lagunera detecta indicios de prevaricación y malversación y la jueza imputa al actual alcalde y a otros miembros del consistorio. No puede imputar a Clavijo, porque Clavijo es aforado, y entonces se traslada la consulta al TSJC, que debe resolver el asunto. Lo hizo este jueves pasado, en un auto con voto particular del presidente del TSJC, después de meses de dilaciones e irregularidades. La más sonada y determinante, la asombrosa instrucción de la nueva Fiscalía del Estado rechazando dar trámite a un informe del número dos de la Fiscalía canaria, Demetrio Pintado, también exculpatorio. La Fiscalía explica que no tiene sentido informar porque en pocos días va a modificarse la condición de aforado del presidente, por la aprobación del Estatuto. Es una respuesta inaudita, probablemente conocida por Clavijo y sus abogados, que reclaman sin éxito la incorporación del informe al expediente. EL TSJC da un plazo para que se incorpore. La Fiscalía lo incumple. Espera a la aprobación del Estatuto y entonces informa -ahora sí, en tan solo dos días y con un extenso documento razonado-, que Clavijo ha perdido el aforamiento y el TSJC no es competente. Dos días después, La Provincia revela la existencia del informe exculpatorio, registrado en el sistema Atlante. El fiscal Garrido responde con un contradictorio comunicado, en el que por un lado dice que el informe es un papel más, y por otro aclara que la Fiscalía no quiso tramitarlo y dio instrucciones de esperar a la pérdida de aforamiento para devolver la causa a La Laguna. Como ha ocurrido.

¿Y por qué hay tantísimo interés en que el asunto vuelva a La Laguna? Pues porque ocurra lo que ocurra en el juzgado de La Laguna, el caso pasará después a la Audiencia Provincial. Al mismo despacho que decidió que el primer archivo del caso decretado por la jueza no era tolerable. Por supuesto que habrá otras instancias y es más que probable que con las irregularidades durante el proceso, y después de 22 tomos de declaraciones e instrucción, al final el resultado sea igualmente el sobreseimiento. Pero mientras eso ocurre, Clavijo queda tocado: enfrentarse a un proceso electoral imputado convierte a cualquier candidato en un apestado. El daño está hecho. Y mientras, el informe fiscal exculpatorio que el TSJC debería haber conocido para tomar una decisión sobre la imputación de Clavijo sigue en un cajón bajo siete llaves. Por instrucción de la Fiscalía del Estado.

A BABOR FRANCISCO POMARES