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CASO LOS GUÍOS

La Fiscalía eleva a seis años la petición de cárcel para el exalcalde

En la última jornada del juicio, celebrada ayer en la sede del TSJC, las acusaciones y las defensas mantuvieron el grueso de sus argumentos y las posiciones planteadas el día 19.
Noé Ramón, Santa Cruz de Tenerife
29/nov/18 6:19 AM
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La Fiscalía eleva a seis años la petición de cárcel para el exalcalde

Transcurridas seis jornadas del juicio por la muerte de dos personas a causa de los desprendimientos registrados el 1 de noviembre de 2009 en la playa de Los Guíos, en Santiago del Teide, los argumentos de la defensa y acusación se mantienen prácticamente iguales. En la última sesión solo uno de los abogados retiró su imputación contra el técnico municipal, José J. R., quien se sentó en el banquillo junto al exalcalde, Juan Gorrín; el exjefe de Costas, Carlos González, y el funcionario municipal Celso G.

La Fiscalía pide tres años por cada una de las muertes y la indemnización que se fije en la ejecución de sentencia al considerar que el exalcalde es responsable de dos delitos de homicidio imprudente y de prevaricación omisiva. Los representantes de las familias de los fallecidos solicitan unos 350.000 euros (según el baremo oficial), más un 30% por el tiempo transcurrido. Dinero que debería abonar la aseguradora del ayuntamiento y de la Dirección General de Costas, personadas en este proceso judicial. Las defensas apelan a la "manifiesta temeridad" de las imputaciones y solicitan que, en caso de que el fallo sea absolutorio, las partes paguen las correspondientes costas.

La Fiscalía no varió su relato de los hechos y conclusiones iniciales. Considera que el exalcalde es el responsable final de las muertes por conocer de antemano el peligro existente de forma histórica, agravado un mes antes de que ocurriera la tragedia. Cree que Gorrín nunca tomó las medidas que eran precisas, que debió consistir en el cierre total de la playa. Para ello tuvo en su poder los informes en los que se reflejaba la gravedad de la situación, las órdenes que precisaba emitir y la insuficiencia de las que se había tomado. Incluso acusó de "falso testimonio" al socorrista que declaró que habían instalado un cartel en varios idiomas con advertencias claras del peligro existente. Según la fiscal, "el día de la tragedia no había nada que alertara sobre el posible peligro y, por ello, algunas personas ocuparon el lugar sobre el que cayeron las piedras. El alcalde dejó abierta la playa porque quiso".

El abogado defensor de Gorrín consideró que existe un indudable derecho por parte de los familiares de las víctimas a ser indemnizados, pero cree que la causa debía haberse circunscrito al ámbito contencioso-administrativo. Y para demostrarlo puso sobre la mesa numerosas sentencias que avanzan en este sentido.

El letrado hizo un pormenorizado repaso de todas las medidas que se tomaron desde que se produjeron los primeros desprendimientos para desmontar la acusación de que el regidor permaneció con los brazos cruzados. Además, dijo que el socorrista también era responsable de velar por la seguridad de los bañistas, que había órdenes de que la policía vigilara el lugar, las negociaciones con las administraciones para ejecutar un proyecto que evitara los derrumbes e, incluso, que en su momento construyeron un muro que fue objeto de un expediente sancionador por Costas. "Resulta evidente que se tomaron todas las medidas pertinentes y posibles", dijo recordando que el Estado está obligado a vigilar lo que ocurre en suelo público del litoral.

En un sentido parecido redundó la abogada defensora de la joven fallecida, para quien no resulta válido el argumento de que se deben repartir las responsabilidades y competencias entre las administraciones. "Todas las instituciones están obligadas a velar por la seguridad de los ciudadanos", dijo. Cree que este juicio debe marcar un antes y un después "porque ya está bien de que estemos en manos de personas irresponsables" y por ello estima que la sentencia "tendrá gran trascendencia" en el futuro.

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