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CASO LOS GUÍOS

Los peritos ven perjudiciales las medidas del gobierno local

Los peritos que declararon ayer también coincidieron en que el cierre total de la playa de Los Guíos debió llevarse a cabo desde que se registraron los primeros desprendimientos.
Noé Ramón, Santa Cruz de Tenerife
27/nov/18 6:19 AM
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Los peritos ven perjudiciales las medidas del gobierno local

Los peritos que declararon ayer dentro de la causa penal por la muerte de dos personas en la playa de Los Guíos a finales de 2009 coincidieron en dos aspectos fundamentales. El cierre total de este enclave debía haberse llevado a cabo desde que se produjeron los primeros desprendimientos de importancia y las medidas previstas por el Ayuntamiento de Santiago del Teide no solo no eran eficaces, sino que, incluso, podían ser perjudiciales. El miércoles está previsto que finalice la vista oral, en la que se sientan en el banquillo de los acusados el exalcalde, Juan Gorrín, el exjefe de Costas, Carlos González y los funcionarios municipales, José J. R. y Celso G..

El primer técnico en comparecer fue un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, quien declaró que siempre apostó por realizar un estudio geológico y técnico y por desmontar la totalidad del talud. El proyecto municipal, que la defensa de la Corporación local reduce a una simple memoria con presupuesto, apenas era adecuado para evitar la caída de piedras de pequeño tamaño, pero no para hacer frente a un problema de la magnitud como el existente.

Los técnicos municipales habían dicho en su momento que no era necesario ese estudio geotécnico y se decantaron por balizar el enclave que presentaba más peligros. Pero bajo el punto de vista de este perito existía el riesgo de que la caída de piedras sobrepasara la zona acotada y de que además el derrumbe ocurriera en cualquier momento.

"La baliza no cumplía sus objetivos", sentenció el técnico para añadir a continuación que lo correcto hubiera sido establecer un vallado integral y una señalización adecuada. Medidas que no solo eran lógicas desde el punto de vista técnico, sino simplemente "por sentido común". El perito ratificó que la administración encargada de velar por la seguridad de la playa y los bañistas son los ayuntamientos y no la Dirección General de Costas.

Una cuestión que no se acaba de dilucidar es la influencia que pudieron tener en el derrumbe las filtraciones de agua de un canal construido ilegalmente, tal y como determinó a principios de este año el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Al no contar con permisos, Costas, en teoría, desconocía su existencia hasta que ocurrieron los desprendimientos.

El segundo técnico que declaró pertenecía a una empresa especializada en cuestiones geotécnicas que contrató el ayuntamiento por recomendación de Costas. Coincidió en que las medidas de la Corporación local apenas eran las indicadas para atajar derrumbes mínimos y que incluso podían ser perjudiciales para solucionar el problema fundamental.

Días antes de la tragedia, comprobó que la situación empeoraba, nadie le comunicó que se estuviera trabajando en alternativa alguna y la instalación de una baliza le pareció una medida "lógica". Considera que una de las causas principales del desprendimiento fueron las filtraciones del canal y no al revés; que la caída de piedras fue la que causó la rotura del encauzamiento.

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