Santa Cruz de Tenerife

La polémica ampliación

La decisión tomada por el Consejo Rector de Urbanismo el pasado día 17 regulariza los 600 metros cuadrados del colegio La Salle San Ildefonso sentenciados al derribo por la justicia.
J.D.M.
26/mar/17 3:37 AM
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El Consejo Rector de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobaba el pasado día 17 "la subsanación del reparo presentado por la Cotmac al Plan General de Ordenación, en relación a la parcela en la que se ubica el colegio La Salle San Ildefonso". El acuerdo, que regulariza la ampliación del centro educativo, indicaba expresamente la eliminación del uso comercial previsto en los metros cuadrados ganados hacia las calles Leoncio Rodríguez y José Rodríguez Ramírez. Parece el final, al menos en la vía administrativa, de una polémica que ya dura cinco años y también tiene reflejo en el ámbito judicial.

En 2010, los Hermanos de las Escuelas Cristianas celebraban el centenario de su llegada a la ciudad de Santa Cruz y la fundación del colegio. Primero, con sede en la calle San Vicente Ferrer de El Toscal y luego en su actual ubicación como La Salle San Ildefonso.

En paralelo a la efemérides, se desarrollaba la obra de ampliación del colegio que dirigió el arquitecto Virgilio Gutiérrez para ganar 12.000 metros cuadrados y recuperar unas instalaciones deportivas perdidas para dar paso a una nueva plaza en el entorno más cercano. El ayuntamiento había dado la conformidad a estos trabajos desde el año 2007.

Pero en enero de 2012 saltó la primera incidencia respecto a la ampliación de La Salle. Siendo concejal el socialista José Ángel Martín (lo fue en el mandato 2011-2015), Urbanismo -en concreto el recién creado departamento de Disciplina Urbanística- ordenaba demoler parte de la ampliación (600 metros cuadrados) y abría un expediente sancionador al centro por invadir suelo público, en concreto cinco metros de retranqueo hacia la calle.

La razón del expediente era, entre otras, el destino a uso comercial (en principio para un gimnasio y con posible espacio para un supermercado) de una parte del nuevo edificio cuando las previsiones del Plan General solo contemplaban el equipamiento público docente. Esta fue la tesis fundamental de la denominada Plataforma contra el PGO para llevar el caso a la vía judicial a través de una denuncia ante la Fiscalía.

Desde el colegio plantearon que se trataba de un alquiler para sufragar en parte la inversión millonaria en la remodelación que dotó al centro de unos garajes con capacidad para 300 plazas de aparcamiento y una piscina de 25 metros para uso de los alumnos.

Posteriormente, en abril de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en una primera sentencia declaraba ilegal la ampliación y denegaba la licencia de primera ocupación que desde el colegio entendían que era posible con un estudio de detalle propiciado por el silencio administrativo. Ratificaba el fallo que "en el momento actual las obras no tienen licencia y son ilegales".

En diciembre de 2014, el juzgado de lo Contencioso paralizaba el derribo de forma cautelar y comenzaba a tomar fuerza la idea de que el inmueble podría quedar legalizado en el proceso de la aprobación final del PGO.

Una nueva sentencia del TSJC, dada a conocer a primeros de este mes, avalaba de nuevo el derribo. Era solo el penúltimo capítulo.

El último episodio hasta ahora de este proceso de cinco años (2012-2017) es la resolución del Consejo Rector de Urbanismo, ya presidio por el concejal del PP Carlos Garcinuño, que llegó al cargo en 2015. La resolución legaliza la ampliación descartando otro uso que no sea el equipamiento docente.