Santa Cruz de Tenerife

Un Parlamento dividido da el sí definitivo a la Ley del Suelo

El proyecto legislativo estrella del Gobierno de Fernando Clavijo sale adelante con los votos favorables de CC, PP y ASG y el rechazo de PSOE, Podemos y Nueva Canarias.
M.G., S/C de Tenerife
22/jun/17 6:10 AM
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Ha tenido que llegar el ecuador de la legislatura, con ruptura del pacto de gobierno incluida, para que el proyecto legislativo más destacado del presidente Fernando Clavijo haya sido visto la luz de manera definitiva. Un Parlamento regional dividido casi a la mitad -por un lado CC, PP y ASG y por el otro PSOE, Podemos y Nueva Canarias, con matices a la hora de la votación de los artículos- aprobó la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, valorada por sus impulsores y defensores como un paso adelante en la simplificación de los trámites urbanísticos y territoriales y considerada por sus detractores como el camino a la arbitrariedad, la desregulación del territorio y el abandono de una visión regional de estas políticas.

La primera intervención correspondió al portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, quien reclamó de nuevo, sin éxito, que "al menos" los grupos socialista y de NC se incorporasen a los votos favorables a la ley. El presidente del Cabildo gomero fue muy crítico con el PSOE, su antigua formación. "A veces no se viene al Parlamento a legislar a favor de los canarios, sino a hacer política de partido", dijo.

Falta de diagnóstico y participación, ruptura del "proyecto común de Canarias", "renuncia del Gobierno a sus competencias", "puertas traseras" en el ordenamiento y desarrollismo son, para el diputado de NC Luis Campos, rasgos de la nueva norma que justifican el rechazo de su grupo. Campos reconoció que el trabajo desarrollado en el Parlamento ha hecho que el texto final sea "algo mejor" que el inicial. "Pero es insuficiente", apostilló.

La diputada de Podemos Concepción Monzón denunció que la ley "da carta blanca" para la inversión en el territorio mediante la desregulación, al tiempo que "no consigue el objetivo de simplificar" la normativa. "Solo elimina controles y añade inseguridad jurídica", advirtió. Para subrayar el escaso acuerdo que ha suscitado el proyecto, Monzón recordó que las Directrices de Ordenación de 2003 fueron aprobadas por unanimidad.

En cambio, Miguel Jorge, del PP, defendió el proyecto y atribuyó a sus detractores el intento de imponer un "pensamiento único" sobre la gestión del territorio. "Otro urbanismo es posible", remarcó. Jorge abogó por la convivencia de planes y proyectos, "pero no planes que tardan tanto en aprobarse que cuando lo hacen ya no sirven para nada, que es lo que ha pasado". "La gente demanda leyes cortas y claras que aporten seguridad jurídica". A juicio del parlamentario popular, la Cotmac -cuyo papel se restringe en la ley- "ha perjudicado más que beneficiado", de lo que es prueba, añadió, que solo 26 municipios tengan su planeamiento adaptado a la legislación y 22 carezcan de ningún instrumento de ordenación.

Desde las filas socialistas, Nayra Alemán destacó que su partido ha aprobado 365 de los 408 artículos de que consta la ley, y señaló que hubiera habido más consenso si el trabajo de la ponencia parlamentaria no se hubiese limitado a 42 horas. La diputada del PSOE justificó el cambio de postura de su grupo -que apoyó el proyecto cuando formaba parte del Ejecutivo- en el tratamiento de la Cotmac en el texto final, que a su juicio le da "la puntilla" y en lo "absurdo y peligroso" de abandonar las competencias autonómicas de control en favor de los ayuntamientos y cabildos. A su entender, la Cotmac queda en la ley como "un señuelo político" sin peso real. Para los socialistas, la norma es "una máquina del tiempo que va a llevar a Canarias a los momentos del peor desarrollismo". En correspondencia a las críticas de ASG, Alemán se refirió a esta formación como "Agrupación Nacionalista Gomera", en referencia a su respaldo al Gobierno de Coalición Canaria.

El portavoz de CC-PNC, José Miguel Ruano, trató de rebatir la "posverdad" de la que, a su juicio, fue expresión ayer el Parlamento regional. "Es falso vincular la ley a determinados intereses. Una ley que simplifica es una ley más transparente", afirmó. Ruano garantizó que el suelo protegido no solo va a perder protección, sino que a él se incorporará el de protección agraria, al tiempo que negó la existencia de "puertas traseras" y recalcó que la norma "hará posible que se hagan las cosas bien".