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Más de 53.000 inmigrantes entran en España de manera irregular

Las llegadas aumentaron un 153% respecto a las que se registraron en el mismo periodo de 2017 47.684 irregulares fueron interceptados navegando en pequeñas embarcaciones.
Efe, Madrid
6/nov/18 6:29 AM
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Más de 53.000 inmigrantes entraron de manera irregular en España hasta el pasado 30 de octubre. Esta cifra supone un incremento del 153% con respecto a los datos obtenidos en el mismo periodo pero del año 2017. En este sentido, la gran mayoría de estas personas arribaron a nuestro país haciendo uso de pequeñas embarcaciones (pateras). En concreto fueron 47.684 inmigrantes los que llegaron en estas embarcaciones, tres veces más que en ese año.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior del Gobierno de España, en los diez primeros meses del año se han llegado a interceptar 1.775 embarcaciones, lo que supone un 88,6% más de las registradas durante el año 2017, cuando fueron 941.

La vía martítima ha sido a la que más se ha recurrido durante este periodo. Concretamente, 45.541 inmigrantes lo hicieron a través del mar y recalaron en las costas peninsulares y del archipiélago mediterráneo de Baleares; otros 1.215 alcanzaron las islas Canarias, en el océano Atlántico; 572 entraron por la ciudad de Melilla; y 356, por la Ceuta, ambas en el norte de África.

Otras 5.698 personas accedieron por los puestos fronterizos de esas dos ciudades españolas con Marruecos: 3.973 por Melilla (un 19% más) y 1.725 por Ceuta, un 6,8% menos.

A pesar de las altas cifras que se han registrado durante el transcurso de este año, siguen estando lejos de las históricas alcanzadas en 2006. Fue tal ese año la ingente cantidad de personas inmigrantes que llegaron a España que se acabó denominando "crisis de los cayucos", pues tan solo por la región de Canarias (Atlántico) entraron casi 32.000 personas.

Ante la situación, Amnistía Internacional (AI) y la red católica Migrantes con Derechos pidió ayer en el Congreso de los Diputados que se derogue la regulación de las devoluciones en caliente de la ley de seguridad ciudadana, por considerar que da cobertura legal a una práctica ilegal. En su comparecencia ante la Comisión de Interior de la Cámara Baja, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, criticó que la disposición primera de la citada ley orgánica, conocida como ley mordaza, intenta dar cobertura legal a prácticas prohibidas: expulsiones de migrantes colectivas y sumarias sin garantías.

También comparecieron en la Comisión los miembros de la red católica Migrantes con Derechos Josep Buades y María Segurado, quienes rechazaron las "devoluciones sumarias" de inmigrantes.

Tras hacer hincapié en que el Estado es competente para controlar y vigilar sus fronteras y valorar el trabajo de las fuerzas de seguridad, Segurado sostuvo que "la realidad habla" de que los rechazos en frontera ponen en riesgo la protección de la dignidad de los seres humanos.