Santa Cruz de Tenerife
LO ÚLTIMO:
Herido grave al caer desde una azotea en Santa Cruz de Tenerife leer

Veinte años de cárcel a un grupo por estafas de alquiler vacacional

Una banda integrada por cinco rumanos que residían en Tenerife engañó, al menos, a 30 personas, según ratifica el Tribunal Supremo.
Noé Ramón, S/C de Tenerife
10/ene/18 6:10 AM
Edición impresa

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) impuso un total de 19 años y nueve meses de cárcel a cinco ciudadanos residentes en Tenerife que integraban la conocida como banda de los rumanos, por estafa y pertenencia a organización criminal. Además, se les condena a pagar 57.030 euros a las personas del territorio nacional que abonaron alquileres ficticios de viviendas vacacionales en la costa mediterránea.

El Supremo ratifica así la sentencia de la Audiencia Provincial que responsabilizaba a los procesados de conformar una estructura cuyo fin era obtener beneficios económicos ilícitos. Para ello usaban los ingresos que recibían en sus cuentas corrientes en concepto de rentas anticipadamente abonadas por alquileres irreales.

La técnica delictiva ha sido calificada como "muy depurada" por los tribunales y consistía en el uso de imágenes de ofertas existentes en páginas webs de viviendas, pero modificando los datos. De esta manera contactaban con los interesados y les enviaban contratos de arrendamientos firmados por un dueño irreal, logrando apariencia de legalidad.

Para hacer más atractiva la oferta, proponían descuentos del 15% sobre el precio inicial si el abono se depositaba anticipadamente. El resultado es que el dinero desaparecía de forma inmediata de la cuenta una vez que era ingresado y que el perjudicado no podía acceder al disfrute de esta vivienda. Se estima que hubo 30 víctimas.

En el recurso presentado ante el Supremo, los procesados argumentaron que el dinero apropiado no superaba los 50.000 euros, lo que obligaría a reducir las penas. Pero el TS ratifica que la Audiencia dispuso de pruebas suficientes para demostrar que ese fue el importe defraudado. Los fallos judiciales reflejan que los miembros de la banda se repartían las funciones a través de una "manifiesta" jerarquía, eran familiares y naturales de la localidad rumana de Pitesti. En Santa Cruz de Tenerife residían en casas cercanas, cuando no en la misma.