Santa Cruz de Tenerife

CaixaBank cede 60 viviendas al Gobierno canario para familias en situación de emergencia

Las Palmas de Gran Canaria, EFE
30/jun/17 14:17 PM
eldia.es

Felicitaciones tras la firma del convenio./Elvira Urquijo A. (EFE)

El Gobierno, a través de la Viceconsejería de Políticas sociales y el Instituto Canario de la Vivienda, ha acordado hoy con CaixaBank la cesión de 60 casas para poder atender la 'necesidad habitacional' de las familias que se encuentren en situación de especial emergencia y vulnerabilidad.

El convenio, que se enmarca dentro del programa "Canarias vivienda por familia", fue suscrito por el viceconsejero regional de Políticas Sociales, Francisco Candil; la directora del Instituto Canario de la Vivienda, María Pino de León; el director territorial de CaixaBank, Manuel Afonso; y el directo-gerente de Visocan, Víctor González.

Este acuerdo de colaboración entre la comunidad autónoma y CaixaBank pone a disposición de las familias canarias que más lo necesitan viviendas en régimen de alquiler, correspondiendo a la empresa pública Visocan el pago de 75 a 125 euros en concepto de arrendamiento por casa a la entidad bancaria.

Asimismo, los beneficiados con esta iniciativa abonarán, siempre que su situación económica lo permita, un importe de renta de alquiler que no superará el 12 por ciento de los ingresos netos actuales de la unidad familiar, en el caso de estos no superen el salario mínimo interprofesional.

El convenio también establece que Visocan se encargará de realizar los procesos de adjudicación de las viviendas e intervendrá como arrendador en los contratos que suscriban las personas que resulten beneficiadas y, además, gestionará el cobro de las rentas, en su caso, a los arrendatarios de las casas.

Tras agradecer al grupo La Caixa su sensibilidad con las políticas sociales en Canarias, Francisco Candil ha especificado que estas viviendas, repartidas en toda la geografía del archipiélago, están dirigidas a familias que están en el proceso de ser desahuciadas de sus casas o en clara situación de emergencia social.

Candil ha desvelado que el programa "va más allá de arreglar un problema habitacional", ya que en colaboración con los cabildos y ONGs como Cáritas, se buscará metas más ambiciosas como formación para el acceso a un empleo o soluciones para la exclusión social, la pobreza o la educación.

Por su parte, Manuel Afonso ha especificado que La Caixa participa en este programa con 60 casas, que cederá en dos fases, 30 en cada una de ellas, y que aceptó la colaboración porque "forma parte del ADN" de la entidad bancaria el atender las problemáticas sociales, siendo la falta de vivienda una de las más sensibles.

Afonso ha apuntado que CaixaBank tiene en estos momentos 2.000 viviendas en régimen de alquiler en las islas, que han comprado a sus propietarios y que se las han alquilado, en ocasiones sin pago de rentas, atendiendo a cada situación personal.

"No hemos hecho un solo desahucio ni en Canarias ni en España y siempre buscamos soluciones para que las familias no se vean inmersas en un lanzamiento", ha abundado Manuel Afonso, quien ha agregado que su aportación a este nuevo programa "es un grano de arena, pero si se suman muchos más se solucionaría este problema".

María del Pino de León ha subrayado que la ayuda de CaixaBank "es un buen pedrazo, que sirve para trasladar el mensaje de sensibilidad" al resto de operadores del mercado inmobiliario, para que, entre todos, se pueda crear una bolsa de viviendas que solvente la problemática.

"El proceso es muy complejo y se inicia con la intermediación en un desalojo, un lanzamiento por impago de una hipoteca, alquiler o, incluso, de una ocupación ilegal", ha destacado De León, quien ha especificado que con ello se persigue que se siga conservando la vivienda de uso residencial permanente.

Los servicios sociales de los ayuntamientos se encargan de hacer el primer informe que, luego, pasará a una bolsa de viviendas de Visocan "que no está cerrada, sino que se incrementará en función de las necesidades".

Del Pino ha rechazado que la ocupación ilegal de una vivienda sea la solución al problema habitacional "por muy trágica que pueda ser una situación", ya que no está dentro del ordenamiento jurídico y "solo agranda la problemática".

"No creo que las situaciones que pueda darse en este programa para atender un lanzamiento de ocupación ilegal tengan un efecto llamada, la solución pasa por acudir a las administraciones, ayuntamientos, cabildos y Gobierno", ha subrayado la directora del Instituto Canario de la Vivienda.